Comentario

En la década de los 60, con la referencia permanente del peligro de la Revolución Cubana, la política norteamericana asignó a los ejércitos latinoamericanos un papel eminentemente estabilizador, destinado a evitar el estallido de nuevos brotes revolucionarios. Entre las misiones inicialmente previstas, coincidiendo con la Alianza para el Progreso, figuraba el impulso de programas de acción cívica dirigidos a lograr el desarrollo económico y social y también el contacto de los militares con las masas rurales. Para reforzar la posición de los militares se invirtieron millones de dólares en los ejércitos latinoamericanos, especialmente con préstamos norteamericanos, que permitieron renovar el vetusto armamento disponible. Un efecto no deseado del rearme fue la carrera armamentística desatada en el continente, vinculada a los numerosos conflictos limítrofes y a la desconfianza entre los vecinos. Para todos los ejércitos uno de sus principales supuestos de intervención era la guerra en sus fronteras, de modo que se dedicaron importantes partidas presupuestarias a la adquisición de armamentos y los programas asistenciales y de desarrollo comenzaron a postergarse.
El gobierno norteamericano quería establecer una fuerza militar panamericana permanente y esa propuesta fue recibida con entusiasmo entre los altos jefes latinoamericanos, que de ese modo esperaban aumentar su influencia en la vida política nacional. El proyecto se presentó en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 1965, pero la oposición de los gobernantes civiles impidió que la propuesta reuniera los dos tercios de los votos necesarios para ser aprobada. Los Estados Unidos abandonaron la idea y cada vez más apostaron por tratados bilaterales en materia de defensa.

La cuestión militar se fue perfilando como una de las claves para explicar estas décadas turbulentas de la historia latinoamericana. Inicialmente el problema de la defensa se planteó en los términos de seguridad y desarrollo, aunque lo prioritario para los militares era la seguridad antes que el desarrollo y la ecuación terminó definiéndose en torno a la doctrina de la Seguridad Nacional, elaborada por los estrategas e ideólogos de los ejércitos latinoamericanos, más que por el Pentágono, como popularmente se ha asumido. La doctrina surgía de la guerra fría y de la Revolución Cubana y tenía como una de sus premisas el enfrentamiento total entre Oriente y Occidente, entre el ateísmo del marxismo leninismo y los valores de la cristiandad.

Los problemas militares se resolvieron fundamentalmente en las cuestiones internas más que en el intervencionismo directo de los Estados Unidos en el área, que únicamente se concretaba en el Caribe y América Central. El modelo cubano y la posibilidad del avance comunista eran contemplados con preocupación por los sectores conservadores y con el paso del tiempo por grupos más numerosos de las clases medias. El cada vez más extendido temor a la revolución restó unanimidad a las condenas a las intervenciones militares norteamericanas.

La primera intervención del período estuvo ligada a Cuba, aunque en la frustrada invasión de Playa Girón, de abril de 1961, no participaron directamente fuerzas regulares norteamericanas. Los enfrentamientos de Bahía de Cochinos mostraron que la posición de Fidel Castro era más sólida de lo que se esperaba y que no bastaba con desembarcar algunos cientos de hombres para provocar la insurrección y la caída de su régimen. El siguiente episodio se produjo en la República Dominicana. Las elecciones de fines de 1962 fueron ganadas por Juan Bosch, el candidato del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), acusado de izquierdista y que sólo pudo gobernar siete meses antes de ser desplazado del gobierno. Los sucesos se fueron haciendo cada vez más confusos y en abril de 1965 un grupo de coroneles, encabezados por Francisco Caamaño, y de seguidores del PRD, proclamó la vuelta de Bosch a la presidencia. Se desató una guerra civil que pocos días después provocó el desembarco de 23.000 marines. Teóricamente era una actuación panamericana, dependiente de la OEA y con las fuerzas de ocupación al mando de un general brasileño, pero en realidad el grueso de las tropas eran norteamericanas.

Después del cambio que supuso la administración Carter y su política de respeto de los derechos humanos exigida a las dictaduras latinoamericanas, Ronald Reagan volvió a adoptar una postura beligerante contra el comunismo. Por un lado decidió invadir la isla de Granada, en octubre de 1983. Se trataba de una pequeña isla del Caribe que se había independizado en 1974, gobernada por el socialista Maurice Bishop y donde algunos técnicos cubanos colaboraban en la construcción de un aeropuerto, considerado una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Al margen de esta intervención directa, la administración Reagan armó a la contra nicaragüense y se implicó de una forma más o menos abierta en el conflicto salvadoreño, concluido con un acuerdo de paz firmado en México el 17 de enero de 1992. La última intervención militar directa de los Estados Unidos se produjo en diciembre de 1989, cuando 24.000 soldados norteamericanos invadieron Panamá, con el objetivo de capturar al general Manuel Antonio Noriega, acusado de narcotráfico por el presidente George Bush.

Por su parte, la tarea defensiva de los ejércitos latinoamericanos no se limitó a proteger las fronteras, de modo que comenzaron a involucrarse de forma creciente en los conflictos internos, comenzando por la lucha contrainsurgente. La doctrina del ejército francés durante las guerras coloniales de Argelia e Indochina fue de gran utilidad para los militares latinoamericanos, que cada vez más recurrieron sistemáticamente a la tortura, a otras formas de represión paralegal y al terrorismo de Estado.

Después del triunfo castrista, se multiplicaron los intentos de crear focos guerrilleros rurales desde donde expandir la revolución socialista. Esto ocurrió en América Central (Guatemala y Honduras), en el Caribe (la República Dominicana), en los países andinos (Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú o Bolivia) y en Brasil. En algunos países se crearon partidos castristas, producto de la confluencia de sectores de la izquierda revolucionaria y del nacionalismo antiimperialista y que eran partidarios de la lucha armada. Estos grupos comenzaron a tener problemas serios con los partidos comunistas tradicionales, que en su mayor parte no favorecían el empleo de la violencia guerrillera. A fines de 1964 se celebró en La Habana una conferencia secreta de todos los partidos comunistas del continente, destinada a discutir sobre los métodos revolucionarios, que terminó en un profundo desacuerdo. En enero de 1966 se celebró la Primera Conferencia Tricontinental de Solidaridad Revolucionaria, que reunió a más de quinientos delegados de gobiernos y movimientos revolucionarios de Asia, Africa y América Latina. Al año siguiente se celebró la primera reunión de la OLAS (Organización Latinoamericana de Solidaridad), que marcó la ruptura entre los movimientos castristas, revolucionarios, y el reformismo de los partidos comunistas.

El intento de secuestro y el asesinato del embajador de los Estados Unidos en Guatemala, Gordon Mein, en 1967, fue el preanuncio de un cambio de táctica y del estallido de la violencia urbana, una violencia que adoptó múltiples formas: asesinatos políticos, secuestros, raptos de aviones, etc. El hecho de que buena parte de las víctimas fueran diplomáticos y ejecutivos de empresas transnacionales no era nada casual, ya que se trataba de golpear al imperialismo, de acuerdo con la terminología utilizada.